La religión tiene que ver con lo privado, con decisiones personales, con el pertenecer a una forma institucionalizada de la fe. Las políticas culturales, por el contrario, tienen que ver con el universo de lo público, con los modos en los que el estado configura el uso de recursos para la promoción de la diversidad cultural, de lo que el estado considera promocionable dentro del campo de la cultura. Mala combinación, porque este uso de recursos podría entonces responder a prácticas y lógicas privadas.
Separar ambos campos es de por harto complicado (sobre todo en un país tan y tan conservador como el nuestro, donde ya la religión tiene sus narices metidas en todo: políticas sobre sexualidad, resolución de conflictos, derechos humanos, etc.).
Dos historias desconexas y una posible relación.
I. La destrucción del Santuario de Luren. Hace unas semanas, en Somos, Enrique Hulerig escribía sobre la destrucción de este sitio de gran importancia para los iqueños, de gran valor histórico, y al que arbitrariamente se le había quitado su carácter de patrimonio:
“Según la arquitecta Teresa Vilcapoma, subdirectora de Registro en el INC, recientemente cesada, el director de Patrimonio Histórico Colonial y Republicano de esa institución, Wilfredo Torres, “nos dijo que el presidente García quería construir, como sea, una catedral o una basílica en Ica, y que la directora nacional, Cecilia Bákula, siguiendo esa directiva, nos ordenaba elegir desmonumentalizar la Catedr
al de Ica o el Santuario de Luren, no importaba cuál, pero la Catedral mejor no porque la Fundación Getty estaba interesada”.
La arquitecta se rehusó a participar y, tras algunos meses de hostilidad, fue despedida. Esto ya no tiene nada de extraño, sobre todo si se tiene en cuenta que el INC ha renunciado a cumplir sus actividades de supervisión más elementales, como sucede con la Comisión Técnica de Arquitectura. “Tradicionalmente, la comisión ha estado integrada, aparte del INC, por representantes de los colegios de arquitectos e ingenieros, la Asamblea Nacional de Rectores, las secciones peruanas del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS) y del International Council of Museums (ICOM). Ahora solo la integran miembros del INC, siendo Willy Torres el presidente de la comisión”, concluye.” (El señor en vilo, Enrique Hulerig)
II. El local que utiliza el Café Ayllu en el Cusco (desde hace 37 años), pertenece al clero. El clero piensa alquilar el local para poner otro café (posiblemente un Starbucks). El caso del clero y su peso en el turismo en Cusco escapa a un lugar de cafés:
…la nueva administración del Arzobispado retiró del Boleto Turístico, un circuito que agrupa todos los complejos arqueológicos y culturales del Cusco y que es administrado por las municipalidades, sus iglesias y conventos, para formar su propio circuito y tener control directo de sus ingresos.
La agencia de viajes de “Luchín” Castañeda (administrador de los bienes del Arzobispado Cusqueño) fue acusada también por las demás agencias de turismo de ofrecer visitas privilegiadas a monumentos de las Iglesias que no se podían ofertar por ninguna otra agencia de viajes y de pretender dividir al Boleto Turístico para hacer un circuito paralelo entre el Arzobispado y algunas municipalidades.
El grupo Libido conoció también de las nuevas formas de administración del Arzobispado. Cuando quiso grabar un video clip en la Plaza de Armas a propósito de su premiación en MTV, le cubrieron la fachada de la Catedral con una tela porque no pagaron por derecho de uso. (Los últimos días del Ayllu, Flor Huillca).
Atando cabos. La Iglesia Católica tiene un peso enorme en el Perú, en su vida política y en su vida cultural. Gracias al Decreto Supremo 23211, firmado por el General Morales Bermúdez, la Iglesia cuenta también con un “sistema de subvenciones para las personas, obras y servicios de la Iglesia Católica seguirá como hasta ahora. Las asignaciones personales no tienen el carácter de sueldo ni de honorarios, por tanto no constituyen renta sujeta a tributación.”. Además, toda la Iglesia y sus partes “continuarán gozando de las exoneraciones y beneficios tributarios y franquicias que les otorgan las leyes y normas legales vigentes.”
Entonces, en estos tiempos del turismo intensivo, es lógico que la Iglesia aproveche para generar rentas (¡sin pagar impuestos!), con patrimonio que no les pertenece. Total, es casi una práctica naturalizada (”si el estado no lo puede hacer, que lo haga el sector privado…”).
Que la Iglesia tenga un peso grande en la administracion del INC es de gran ayuda. La directora Cecilia Bákula, como ha sido reportado, ha introducido en diversos cargos a miembros de su congregación Avanzada Católica Pro Ecclesia Sancta (fundada en Arequipa por el Padre Pablo Menor), de tendencia conservadora.
“De hecho, la propia Bákula -aunque sin dar nombres- admite que debe haber “unos cinco” integrantes de AC trabajando hoy en día en el INC. Eso siendo modestos, porque las personas a las que entrevistamos para elaborar esta nota -todas relacionadas directamente con el instituto- han coincidido en l
o siguiente: AC ha conseguido tomar muchos espacios dentro del INC. La pregunta cae sola: ¿Por qué Cecilia Bákula lleva a trabajar con ella a personas que no tienen experiencia en gestión cultural, pero con las que comparte la misma tendencia religiosa? ¿No existe ahí un obvio conflicto?” (Los cruzados de Bákula, Enrique Patriau)
Conflicto que podría evidenciarse en diversas actitudes con respecto al uso y manejo del patrimonio cultural inmueble donde la Iglesia tendría injerencia (como en el caso del Santuario de Luren y las libertades que goza el Arzobispado cusqueño). La solución podría ser simple y drástica (experiencia que además se da en otros países europeos): Reconocer, en primer lugar, la propiedad estatal sobre el patrimonio colonial (y por ende, de los santuarios y las iglesias). Luego de eso, acuerdos, negociaciones con la Iglesia Católica para celebrar sus ritos en dichos lugares (o en aquellos que se consideren hábiles).
Es decir, si la Iglesia (por lo menos para el caso de Cusco) ya pasó a la directa promoción turística de sitios que considera suyos (sin importar mucho el efecto de aumentar la carga de visitas sobre el monumento), y si encima no pagan impuestos (a pesar de que se tratan de actividades comerciales, en todo el sentido de la palabra), ¿no sería lo más lógico que el estado (en este caso, el INC), digan algo.
"El emblemático Café Ayllu podría cerrar sus puertas ya que el local donde funciona ha sido alquilado a la cadena Starbucks"
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